La comisión encargada de realizar todas las gestiones relativas a lo que se denominaba la Única Contribución se constituía en cada población cuando llegaban el juez y los amanuenses, procedentes de la anterior donde hubiesen estado trabajando. Una vez presentadas sus credenciales a las autoridades locales, comenzaba sus trabajos. En Cantoria la comisión estuvo integrada por don Lorenzo de Prado, juez encargado de la comisión, que la presidía y era la máxima autoridad de la misma; don Juan Ximénez, teniente de beneficiado y cura de la parroquia de la villa, por ausencia de don Pedro Salido y Granados, vicario del partido y cura en propiedad de Cantoria; Pedro Sánchez Gavilán y Francisco Fernández Rodríguez, alcaldes ordinarios; Marcos Capel, Andrés Sánchez, Bartholomé Zirilo Moreno, y Juan Ximénez Lozano, regidores; Pedro de Xea, escribano de Su Majestad, que estaba interino como escribano de cabildo municipal.

Además, el concejo nombró como peritos encargados de facilitar toda la información correspondiente al término a don Ignacio García Ximénez, don Andrés Lozano, don Joseph Corella, y Bartolomé Gavilán Martínez. Pero ninguno de ellos actuó de forma directa. Como veremos por las cuentas de gastos que se presentaron al final de los trabajos quienes intervinieron fueron Sebastián Sánchez y Pedro de Torres, entendidos en casas y molinos; y Francisco Pintor, Jacinto Fernández y Pedro Fernández Rosillo, peritos de las tierras y cultivos del término. De todos ellos al menos tres, don Andrés Lozano, don Joseph Corella y Jacinto Fernández son de los mayores propietarios de la población, como veremos en su momento. Por tanto, la comisión estaba controlada tanto por las autoridades locales, eclesiásticas y seculares, como por los terratenientes. Fuesen o no coincidentes, los intereses de todos eran los mismos: que los inmuebles fuesen infravalorados, que las calidades y las producciones de las tierras se rebajasen todo lo posible y que se considerasen los mínimos ingresos para todas las profesiones. En definitiva, que la riqueza considerada fuese la menor posible.

Los trabajos de la comisión tuvieron un elevado coste al que hacía frente la propia hacienda real. El juez subdelegado que estaba al frente de las operaciones cobraba 36 reales diarios, por lo que, por su trabajo de 115 días ingresó la nada despreciable suma de 4.410 rs.[1] El escribano tenía unos ingresos diarios de 24 rs., con un importe total de 2.760 rs. A los amanuenses les correspondían 10 rs. cada día. Intervinieron cinco, dos de ellos de forma permanente y los otros tres esporádicamente. En total cada escribiente cobró unos 1.150 rs. por todo el período. Completaban los gastos los correspondientes a los peritos, que a 4 rs. por día importaron un total de 360 rs. en las jornadas que trabajaron reconociendo casas o tierras. Se gastaron 10.630 rs. Con este dato correspondiente a una pequeña población del corregimiento de Baza como era Cantoria, puede entenderse la importancia que la Corona le dio a esta reforma fiscal. El importe total de las operaciones del Catastro de Ensenada en toda la Corona de Castilla tuvo que ser elevadísimo.

[1] Podemos tener una idea de su importancia apuntando que al médico de Cantoria se le regulaban por los peritos unos ingresos de 690 rs. anuales y 366 rs. a cada jornalero.

3.1. La tierra cultivada

El trabajo agrícola era, como hemos visto, la dedicación fundamental de la población de Cantoria. Las parcelas cultivadas eran de hortaliza, sembradura de regadío, sembradura de secano y viña de regadío y de secano. El Catastro consideraba las tierras de riego divididas en tres calidades, mientras que las de secano se dividían en cuatro, entendiéndose que la de peor calidad no producía nada. Estas eran denominadas en otras localidades “incultas por naturaleza”.

La extensión media de las parcelas era de 2,2 fanegas. Si consideramos las propias de eclesiásticos o de instituciones de la Iglesia, la media de superficie ascendía a 6,2 fg., mientras que las propias de los seglares no llegaban a las dos fanegas. Además, es preciso tener en cuenta que la estructura de la propiedad era muy dispersa. La mayoría de los que eran propietarios de algún terreno tenían algunas parcelas dispersas de regadío y otras de secano, todas ellas en pagos diferentes del término municipal. Esta dispersión de las propiedades ha supuesto siempre un incremento importante en la mano de obra necesaria para tenerlas en producción. Los tiempos de desplazamiento suponían una parte elevada en el trabajo de cada agricultor.

Si seguimos el cuadro de distribución de la superficie cultivada podemos ver cómo la extensión media de las parcelas de secano era mucho más elevada que la de las parcelas de regadío. Los de secano eran terrenos más alejados del núcleo habitado, puestos en cultivo más recientemente, como consecuencia del progresivo incremento de la población y que generaban unos rendimientos bastante más pobres que los de regadío. La ley de rendimientos decrecientes implicaba que, conforme se iban alejando del pueblo las nuevas roturaciones se hacían sobre terrenos cada vez más pobres y menos fructíferos.

3.2. La producción agrícola

Los cultivos más productivos de Cantoria en el siglo XVIII, según la valoración que se hacía por los peritos del Catastro, eran la hortaliza y la sembradura de riego de la primera calidad. La primera generaba al año unos beneficios de 300 rs. por fanega y la segunda algo más de cien reales. Eran las tierras mejor regadas, las que estaban en la vega del río y daban cosecha todos los años sin descanso. En la sembradura se cultivaba trigo, cañamón o habas y se aprovechaba la primavera y el verano para levantar una cosecha de maíz en verde para el ganado.

En el resto de calidades de regadío y de secano se tenían que ir introduciendo cada vez más barbechos según descendía la bondad de la tierra. Así, en la segunda y tercera de regadío se cultivaba en año y vez, pero introduciendo la cebada seguramente como cultivo al tercio en la peor. En el secano, aunque los tres cultivos básicos que se citan son el trigo, la cebada y el centeno, para sacar una cosecha son necesarios dos, tres y cuatro años de descanso, respectivamente.

3.2. Los árboles y su valoración

Los cultivos arbóreos generalmente no ocupaban en el siglo XVIII, en el territorio del sureste, parcelas completas. Los árboles estaban plantados en los márgenes de las parcelas y suponían un ingreso complementario a la producción de granos y hortalizas. Únicamente aparecen en Cantoria parcelas completas dedicadas a olivar. Con cerca de 8.000, los olivos eran el árbol más común entre los cultivados en Cantoria y el más productivo. Los de mejor calidad producían 1.800 rs. anuales por fanega sembrada. Los de segunda calidad daban 900 rs. y 300 los de peor. Esto suponía que a quien tenía una fanega de olivar de tercera, se le regulaban por ella casi los mismos ingresos que a un labrador por su trabajo durante todo el año.

En cuanto al número, aunque no en la rentabilidad, le siguen en importancia las parrizas y las parras. Es preciso señalar cómo las parrizas, parras silvestres, daban una rentabilidad cuatro veces superior a las parras y eran cultivadas de forma mayoritaria en el término de Cantoria frente a las otras. Los frutales, en general, estaban presentes, con seguridad, en todas las parcelas de regadío. Manzanos, guindos, durasnos, ciruelos, cerezos, servales, membrilleros, perales, albaricoqueros, naranjos, limoneros, y, sobre todo, granados e higueras tienen una consideración de ingresos elevados. La fruta, consumida fresca o seca, tendría como destino la mesa de los propietarios de la parcela, de los otros habitantes del pueblo o de los pueblos cercanos. Es preciso citar el cultivo de cerca de medio millar de morales y moreras, vinculado con seguridad a la cría del gusano de seda, una labor residual ya en estos momentos en todo el Reino de Granada y Murcia.

Como ocurría en otros pueblos de la actual provincia de Almería, los oficios artesanales tenían como casi única función transformar la producción agrícola con objeto de poder ser consumida por sus vecinos o generar los escasos bienes de consumo que necesitaban. Entre los primeros contaríamos los molinos, almazaras, el artefacto de sacar cera y las calderas de aguardiente. Entre los segundos los alpargateros, zapateros, los carpinteros, sastres, horneros de pan, especieros, herreros y herradores. En total algo más de una treintena de trabajadores cuya producción tenía como destino únicamente el mercado local y los lugares cercanos más pequeños aún. Es curiosa la presencia de tres perailes o pelaires, oficiales de fabricación de paños. Es posible que, al igual que estaba ocurriendo a mediados del siglo XVIII en otros lugares del marquesado de los Vélez hubiese en Cantoria intentos por fomentar la fabricación de tejidos.

A mediados del siglo XVIII únicamente una decena de instituciones y personas ingresaban más de 3.000 rs. de sus propiedades o de sus rentas en la villa de Cantoria. En el cuadro que aparece más abajo se pueden seguir los resúmenes de los ingresos. En la primera columna el nombre el propietario, en la segunda el estamento al que pertenece (secular –S- o eclesiástico –E-).  En la tercera se coloca el concepto y el importe del mismo en la última.

El mayor rentista, que también tenía importantes propiedades, era el marqués de los Vélez. En este momento tenía el título don Antonio Álvarez de Toledo y Osorio, X marqués. Todos los bienes eran libres, es decir, no estaban vinculados a ninguno de sus títulos nobiliarios y, por tanto, podían ser vendidos en cualquier momento. Eran los siguientes: una casa en el pueblo, con entre 400 y 500 metros cuadrados de extensión; un cortijo en los Almizaraques, con más de mil metros cuadrados; una casa mesón en la plaza, una bodega con tinajas, también en la plaza; 10 celemines de huerta cercada en los Almizaraques con diversos frutales; 149 fg. de regadío con 1.751 olivos (de ellas, la mayoría en el pago y cortijo de los Almizaraques). También tiene en ese cortijo 4 fg. de viña con más de un centenar de olivos y diversos frutales. Las tres almazaras que también poseía el marqués le generaban unos ingresos de 1.728 rs. y le permitían, sobre todo, controlar la producción de aceite de todo el vecindario, al tener que pasar la mayor parte de ella por sus molinos de aceituna.

Si los inmuebles y las fincas generaban importantes ingresos a don Antonio Álvarez de Toledo, mucho más elevados eran los procedentes de los impuestos cedidos por la Corona. La parte de los diezmos que cobraba el marqués le suponían unos ingresos superiores a los 17.000 rs. Además, por el oficio de escribano público, perteneciente al marquesado y que arrendaba por 1.650 rs., aunque en ese momento se encontraba vacante; por las alcabalas, es decir, por la décima parte de todos los bienes que se vendiesen en el término, fuesen raíces o de consumo, conseguía unos 2.000 rs. En definitiva, más de 35.000 rs., de los cuales, aproximadamente las tres cuartas partes correspondían a rentas e impuestos y el resto a ingresos de sus propiedades. Unas propiedades que, es preciso subrayar, no las cultivaba o gestionaba de forma directa sino arrendadas.

La Iglesia de Almería era la segunda mayor rentista del término de Cantoria. Todos sus bienes y rentas son beneficiales, es decir, pertenecían a la institución y estaban vinculados, por lo que no se podían vender. Por ello, además de las parcelas que se cultivaban por arrendadores y que aparecen como propias en la relación catastral, la Iglesia ingresaba más de 1.800 rs. procedentes de censos de sus bienes inmuebles, es decir, de aquellos que tenía cedidos a perpetuidad a terceros con objeto de conseguir un canon anual permanente y seguro. También puede verse cómo de los diezmos la Iglesia obtenía algo más de 9.000 rs., una cantidad mucho menor que la obtenida por el marquesado de los Vélez.

El tercero de los grandes propietarios y rentistas era don Blas Cazorla, vecino de Albox. La casi totalidad de sus ingresos procedía del rendimiento del olivar plantado en sus parcelas de regadío, de los que ingresaba más de 9.000 rs. Lógicamente, además de los bienes que tenía en Cantoria tendría otros en la localidad de su vecindad, por lo que sus ingresos con seguridad serían más elevados. Este es, precisamente, uno de los problemas con los que se tropiezan los historiadores que se acercan a la documentación de Ensenada. Como las averiguaciones de los bienes se hicieron por pueblos, la dispersión de los patrimonios es enorme. No podemos saber con exactitud qué bienes o rentas poseía en total cada propietario. Al contrario, la decisión de la Corona nos permite realizar trabajos como éste, en los que se puede analizar la totalidad de una localidad, imposible de realizar en el otro caso.

El conde de Benavente, que en este momento era Francisco Alfonso Pimentel Vigil de Quiñones, XIV conde y XI duque en la línea de sucesión. Había nacido en 1707 y murió en 1763. Su patrimonio tenía 110 fg. de regadío puestas de sembradura, olivos y otros frutales, además de un cortijo que tenía montada una almazara en el pago de Almanzora.

Entre los demás propietarios que ingresaban más de 3.000 rs. anuales y que aparecen en el cuadro de más abajo podemos distinguir dos grupos claramente diferenciados. Por un lado, Pedro Sánchez Gavilán, labrador; doña María Martínez, viuda; y don Juan Ximénez. En los tres casos, la mayor parte de sus ingresos procedía del arbolado, en concreto, de la producción de los olivos. Don Juan Ximénez era, aparte de la Iglesia de la diócesis de Almería, el único propietario eclesiástico que ingresaba más de 3.000 rs. por sus bienes. Era teniente cura y de beneficiado de la parroquia de Cantoria. Todos son de su patrimonio personal y, por tanto, a su muerte pasarían a su línea de descendencia familiar. El otro grupo estaría integrado por los tres últimos. En todos los casos sus ingresos más importantes procedían de la consideración de su trabajo personal y el de sus hijos o aprendices.